Abogado de delitos contra el patrimonio en Elche

Estamos para ayudarte

Enfrentarse a una delito contra el patrimonio en Elche puede ser una situación angustiante, con repercusiones legales y personales significativas. Nuestro equipo de abogados penalistas está preparado para defender tus derechos y garantizar que se respeten las garantías legales en todo momento.

Sabemos lo complejo que puede resultar afrontar un proceso penal por delitos como hurto, robo, estafa o daños, especialmente cuando existen circunstancias que pueden influir en la interpretación de los hechos. Por ello, te ofrecemos una defensa sólida y estratégica, basada en un análisis minucioso de tu caso y en la aplicación de las mejores herramientas jurídicas para demostrar tu versión de los hechos.

Si te enfrentas a una denuncia por un delito contra el patrimonio, o necesitas defenderte ante uno de estos delitos, es fundamental contar con el asesoramiento de profesionales con experiencia en derecho penal. Contacta con nosotros y protege tu futuro con una defensa eficaz y personalizada.

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En nuestro despacho, primero tú

Desde el primer instante, te brindamos asesoramiento personalizado, explicándote de manera clara cada fase del proceso. Nuestro primer objetivo es eliminar la duda, aportándote tranquilidad y respaldo legal para que afrontes la situación con confianza.

Abogado Penalista experto en delitos contra el patrimonio

Nuestro despacho puede ofrecerte una defensa integral y estratégica, garantizando la protección de tus derechos en cada etapa del proceso penal. Nuestro equipo cuenta con la experiencia y el conocimiento jurídico necesarios para afrontar acusaciones relacionadas con hurto, robo, estafa, apropiación indebida, daños y otros delitos patrimoniales.

Desde el primer momento, analizamos tu caso en profundidad, evaluando las pruebas disponibles y estudiando las mejores estrategias de defensa. Te asesoramos sobre tus derechos y las opciones legales más favorables para tu situación, asegurándonos de que comprendas cada paso del procedimiento. Si enfrentas una acusación, preparamos una defensa sólida, revisando las pruebas, entrevistando testigos y presentando argumentos jurídicos que respalden tu inocencia o permitan atenuar la pena.

En cada fase del proceso, desde la declaración en comisaría hasta el juicio, te representamos y garantizamos que no se vulneren tus derechos. En los casos en los que sea posible, buscamos acuerdos beneficiosos que reduzcan las consecuencias legales, negociando con la fiscalía para obtener alternativas a la prisión o penas menores. Si la sentencia no es favorable, recurrimos la decisión ante instancias superiores, defendiendo tus intereses hasta el final del procedimiento.

Nuestro compromiso es ofrecerte una defensa profesional, discreta y efectiva. Si te enfrentas a un delito contra el patrimonio, contar con un abogado experimentado puede marcar la diferencia en el resultado de tu caso. Contacta con nosotros para recibir el mejor asesoramiento y proteger tu futuro.

Cuando una persona se ve implicada en un proceso penal por un delito contra el patrimonio, es fundamental contar con la asistencia de un abogado especializado que pueda ofrecer una defensa sólida y adaptada a cada caso. La correcta interpretación de los hechos, la evaluación de las pruebas y el conocimiento de las estrategias de defensa son clave para lograr una resolución favorable. En algunos casos, puede ser posible demostrar la inexistencia del delito o la falta de intención dolosa, mientras que en otros se pueden explorar alternativas como la negociación de penas o la aplicación de atenuantes.

En nuestro despacho, contamos con una amplia experiencia en la defensa de clientes acusados de delitos patrimoniales, ofreciendo asesoramiento personalizado y estrategias jurídicas eficaces para cada situación. Si te enfrentas a una acusación de este tipo, contacta con nosotros para proteger tus derechos y garantizar una defensa adecuada en el proceso penal.

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Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico son aquellas conductas ilícitas que afectan los bienes, derechos y recursos económicos de una persona, empresa o entidad. En términos generales, se trata de cualquier acción que implique la apropiación indebida, el daño, la destrucción o la obtención ilegítima de un bien ajeno, causando un perjuicio a su legítimo propietario. En España, estos delitos están regulados en el Título XIII del Código Penal, comprendido entre los artículos 234 y 304, y abarcan una gran variedad de figuras delictivas con distintas características y consecuencias jurídicas.

El Código Penal español distingue varias categorías dentro de los delitos contra el patrimonio, cada una con particularidades propias en cuanto a su comisión, agravantes y penas asociadas.

Uno de los delitos más comunes dentro de esta clasificación es el hurto (artículo 234), que se produce cuando una persona se apropia de un bien ajeno sin el consentimiento de su propietario y sin emplear violencia o intimidación. Si el valor de lo sustraído no supera los 400 euros, se considera un hurto leve, con penas menos severas.

Cuando la sustracción de bienes se realiza empleando fuerza en las cosas (forzamiento de cerraduras, uso de llaves falsas, rotura de accesos, entre otros) o violencia o intimidación sobre las personas, el delito se califica como robo (artículos 237 a 242). La gravedad de la pena dependerá de la forma en que se haya cometido el delito y de si concurren circunstancias agravantes, como el uso de armas, la participación en grupo organizado o la comisión del delito en viviendas habitadas.

Otro delito patrimonial relevante es la estafa (artículo 248), que se configura cuando una persona obtiene un beneficio económico engañando a otra y provocándole un perjuicio patrimonial. Aquí el engaño debe ser lo suficientemente relevante como para inducir a error a la víctima y hacerle realizar un acto de disposición patrimonial en favor del defraudador. Dentro de esta categoría también se incluyen fraudes informáticos y engaños relacionados con contratos, préstamos o inversiones.

La apropiación indebida (artículo 253) se diferencia de la estafa en que, en este caso, el sujeto ya tenía la posesión del bien por una causa legítima, pero posteriormente decide retenerlo o utilizarlo en su propio beneficio sin autorización. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona recibe dinero o bienes para un fin específico y, en lugar de cumplir con su propósito, los usa para sí mismo.

En el ámbito de la defraudación, el Código Penal regula conductas como la administración desleal, el fraude de subvenciones y el alzamiento de bienes. La administración desleal (artículo 252) ocurre cuando una persona que tiene la gestión de un patrimonio ajeno causa un perjuicio indebido a su titular, ya sea por abuso de poder o por incumplimiento de sus deberes. Por su parte, el alzamiento de bienes (artículo 257) se produce cuando una persona oculta o transfiere sus bienes para evitar el cumplimiento de una obligación económica, como el pago de una deuda o una indemnización.

Otros delitos contra el patrimonio incluyen la extorsión (artículo 243), que se da cuando se obliga a alguien, mediante violencia o intimidación, a realizar un acto en perjuicio de su propio patrimonio; la usurpación de inmuebles (artículo 245), que ocurre cuando alguien ocupa sin autorización un bien inmueble ajeno; y los delitos de daños (artículo 263), que se configuran cuando una persona destruye, deteriora o inutiliza bienes ajenos de forma dolosa.

Por último, el Código Penal también contempla los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, castigando la falsificación y el uso indebido de marcas, patentes y derechos de autor.

Penas por delitos contra el patrimonio

Las penas por delitos contra el patrimonio varían en función de la gravedad del hecho, el valor del perjuicio causado y la existencia de circunstancias agravantes. En algunos casos, las penas pueden ser de multa, como en los hurtos leves o en ciertos supuestos de estafa, mientras que en otros pueden implicar penas de prisión, que oscilan desde unos meses hasta varios años en función del delito y de la reincidencia del infractor.

Además de las penas principales, los condenados pueden verse obligados a restituir los bienes sustraídos o indemnizar a las víctimas por los daños ocasionados, lo que añade una dimensión económica a la responsabilidad penal.

El delito de extorsión es una de las infracciones más graves dentro de los delitos contra el patrimonio, ya que no solo implica un perjuicio económico, sino que también afecta a la libertad y seguridad de la víctima. En Lawfidence, contamos con un equipo de abogados penalistas especializados en la defensa y acusación en este tipo de delitos, proporcionando una representación legal experta tanto para quienes han sido acusados de extorsión como para quienes han sido víctimas y desean denunciar.

¿Qué es la extorsión y cómo se regula en el Código Penal?

El artículo 243 del Código Penal establece que incurre en el delito de extorsión quien, mediante violencia o intimidación, obliga a otra persona a realizar un acto u omisión en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, con la intención de obtener un beneficio económico.

Las penas para este delito pueden ser de uno a cinco años de prisión, aunque pueden incrementarse si concurren circunstancias agravantes, como el uso de armas, la pertenencia a una organización criminal o si el perjuicio económico es de gran magnitud.

Este delito se diferencia de otros como el robo o la estafa, ya que en la extorsión la víctima no actúa voluntariamente, sino que se ve forzada a ceder bajo amenaza.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido acusado de extorsión?

Si te enfrentas a una acusación por extorsión, necesitas un abogado penalista experimentado que pueda construir una defensa efectiva. En Lawfidence, analizamos tu caso en profundidad para determinar si existen pruebas suficientes, si la denuncia está basada en hechos reales o si se trata de una acusación infundada o manipulada.

Nuestro equipo examinará si ha habido vulneraciones de derechos en la fase de investigación, la existencia de atenuantes como la falta de violencia real o la ausencia de pruebas concluyentes, y diseñará una estrategia de defensa sólida para reducir las consecuencias o, en su caso, lograr una absolución.

Además, en algunos escenarios puede ser posible negociar una rebaja de pena o alternativas a la prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido víctima de extorsión?

Si has sido víctima de una extorsión, es fundamental actuar rápidamente y denunciar la situación con el respaldo de un abogado especializado en delitos patrimoniales. En Lawfidence, te asesoramos en cada fase del proceso, recopilamos las pruebas necesarias y garantizamos que la denuncia se presente con la solidez jurídica adecuada para que el responsable sea llevado ante la justicia.

Nos encargamos de:

  • Asesorarte sobre las acciones legales disponibles.
  • Presentar la denuncia penal con todos los elementos probatorios necesarios.
  • Solicitar medidas cautelares para protegerte de nuevas amenazas.
  • Acompañarte en todo el proceso judicial, representando tus intereses hasta la resolución del caso.

En nuestro despacho, entendemos que los casos de extorsión pueden ser complejos y emocionalmente desgastantes, tanto para el acusado como para la víctima. Nuestro compromiso es ofrecerte una defensa firme o una acusación efectiva, basada en un análisis minucioso de las pruebas y en la aplicación de las mejores estrategias legales.

Si necesitas asesoramiento legal en un caso de extorsión, ya sea para defenderte de una acusación o para denunciar a quien te ha extorsionado, nuestro equipo de abogados penalistas está listo para ayudarte. Contacta con Lawfidence hoy mismo y protege tus derechos con el mejor respaldo legal.

El delito de apropiación indebida es una infracción patrimonial que se produce cuando una persona, que ha recibido un bien o cantidad de dinero con la obligación de devolverlo o administrarlo en beneficio de su propietario, se lo apropia en perjuicio de este. En Lawfidence, contamos con un equipo de abogados penalistas especializados en la defensa y acusación en este tipo de delitos, ofreciendo una representación legal experta tanto para quienes han sido acusados de apropiación indebida como para quienes han sido víctimas y desean denunciar.

¿Qué es la apropiación indebida y cómo se regula en el Código Penal?

El artículo 253 del Código Penal establece que comete el delito de apropiación indebida quien, en perjuicio de otro, se apropia de dinero, bienes, efectos o cualquier otro activo que haya recibido en depósito, administración o por cualquier otro título que obligue a entregarlo o devolverlo. A diferencia del robo o la estafa, en este delito el infractor tiene inicialmente una posesión legítima del bien, pero decide retenerlo o utilizarlo de manera ilícita en su propio beneficio.

Las penas para este delito pueden variar en función del valor del bien apropiado y de la existencia de agravantes. Si la cuantía del perjuicio no supera los 400 euros, se considera apropiación indebida leve y puede castigarse con multa. Si supera esta cantidad, las penas pueden ir desde multa hasta prisión de seis meses a tres años, pudiendo incrementarse en casos de especial gravedad.

Este delito es frecuente en ámbitos como la gestión empresarial, los contratos fiduciarios, la administración de patrimonios ajenos e incluso en relaciones personales donde se ha confiado bienes o dinero a otra persona bajo determinadas condiciones.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido acusado de apropiación indebida?

Si enfrentas una acusación por apropiación indebida, es fundamental contar con un abogado penalista que evalúe la existencia de pruebas y la veracidad de la denuncia. En Lawfidence, analizamos la documentación, los contratos, los movimientos financieros y cualquier otro elemento que permita determinar si realmente ha existido una apropiación con ánimo de lucro o si, por el contrario, se trata de un malentendido, un incumplimiento contractual sin relevancia penal o una denuncia infundada.

Nuestro equipo diseñará una estrategia de defensa adaptada a tu caso, evaluando si existen atenuantes que puedan reducir la pena, como la devolución voluntaria de los bienes antes del procedimiento judicial, la falta de dolo o la ausencia de pruebas concluyentes. En situaciones en las que la vía penal no sea la más adecuada, podemos explorar alternativas de resolución extrajudicial que permitan evitar el juicio y sus consecuencias.

Además, en los casos en los que la acusación pueda derivar en penas graves, trabajamos en la negociación de reducción de condenas o la posibilidad de sustituir penas de prisión por sanciones alternativas.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido víctima de apropiación indebida?

Si has sido víctima de una apropiación indebida, es fundamental actuar con rapidez para recuperar los bienes sustraídos y que el responsable responda ante la justicia. En Lawfidence, ofrecemos asesoramiento legal desde el primer momento, recopilamos pruebas y garantizamos la correcta presentación de la denuncia penal para que el caso tenga la mayor solidez posible.

Nos encargamos de examinar contratos, registros de pagos, transferencias, comunicaciones y cualquier otra evidencia que demuestre que el acusado ha incumplido su obligación de devolución. Además, te representamos en todas las fases del procedimiento, asegurándonos de que el infractor no quede impune y de que recibas la compensación económica o restitución de bienes que te corresponda.

Nuestro equipo también puede solicitar medidas cautelares para evitar que el acusado se deshaga de los bienes o que dificulte su recuperación. Si la cantidad apropiada es elevada, trabajamos para garantizar que el responsable asuma todas las responsabilidades civiles y penales derivadas del delito.

El delito de estafa es una de las infracciones patrimoniales más comunes y complejas en el ámbito penal, ya que puede presentarse en diversas formas y afectar tanto a particulares como a empresas. En Lawfidence, contamos con un equipo de abogados penalistas especializados en la defensa y acusación en casos de estafa, brindando asesoramiento legal tanto a quienes han sido acusados de este delito como a quienes han sido víctimas y desean presentar una denuncia.

¿Qué es la estafa y cómo se regula en el Código Penal?

El artículo 248 del Código Penal establece que comete el delito de estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para inducir a error a otra persona, logrando que esta realice un acto de disposición patrimonial en su perjuicio o en el de un tercero.

A diferencia de otros delitos patrimoniales como el hurto o la apropiación indebida, la estafa se basa en el fraude y la manipulación, lo que significa que la víctima cede voluntariamente sus bienes o dinero bajo un falso convencimiento, provocado por el estafador.

Las penas para este delito varían en función del valor defraudado y de la existencia de agravantes. Si el perjuicio no supera los 400 euros, se considera estafa leve y se castiga con multa. Sin embargo, si supera esa cantidad, las penas pueden ir desde seis meses hasta tres años de prisión, pudiendo incrementarse hasta seis años en los casos más graves, como cuando la estafa afecta a muchas personas, se comete mediante abuso de relaciones de confianza o se utilizan medios informáticos para su ejecución.

Existen distintos tipos de estafa, entre ellas la estafa informática, la estafa en contratos, la estafa procesal o la estafa piramidal, cada una con sus particularidades y consecuencias legales.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido acusado de estafa?

Si enfrentas una acusación por estafa, es crucial contar con un abogado penalista que examine a fondo las pruebas presentadas y determine si realmente se cumplen los requisitos legales del delito. En Lawfidence, evaluamos la existencia de engaño real y perjuicio patrimonial, así como la intencionalidad del acto, para definir la mejor estrategia de defensa.

En muchos casos, se presentan denuncias infundadas derivadas de disputas contractuales o incumplimientos comerciales que no tienen relevancia penal. Nuestro equipo trabajará para demostrar la inexistencia de dolo fraudulento, la falta de pruebas o la existencia de causas que excluyan la responsabilidad penal.

Si el procedimiento judicial avanza, diseñamos una defensa orientada a la reducción de penas, exploramos la posibilidad de acuerdos extrajudiciales y buscamos alternativas legales que minimicen las consecuencias del proceso. Además, en casos donde el acusado haya reparado el daño antes del juicio, podemos argumentar atenuantes que reduzcan la pena significativamente.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido víctima de estafa?

Si has sido víctima de una estafa, contar con un abogado penalista especializado es clave para recuperar tu dinero o bienes y asegurarte de que el responsable sea juzgado. En Lawfidence, ofrecemos una representación legal integral, desde la presentación de la denuncia hasta la obtención de una sentencia condenatoria y la ejecución de la misma.

Nuestro equipo recopilará toda la documentación necesaria para demostrar el engaño y el perjuicio patrimonial sufrido, incluyendo contratos, transferencias bancarias, correos electrónicos y cualquier otra prueba relevante. Además, nos encargaremos de representarte ante los tribunales, asegurándonos de que el caso se lleve con la mayor solidez jurídica posible.

En casos de estafa informática o fraudes bancarios, trabajamos con expertos en ciberseguridad para rastrear el origen del fraude y lograr que el responsable sea identificado y procesado. También podemos solicitar medidas cautelares para evitar que el acusado se deshaga de sus bienes antes de la resolución del caso.

El delito de robo es una de las infracciones patrimoniales más graves dentro del Código Penal, ya que implica la sustracción de bienes ajenos mediante fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. En Lawfidence, nuestro equipo ofrece asesoramiento y representación legal tanto para quienes han sido acusados de robo como para quienes han sido víctimas y desean interponer una denuncia.

¿Qué es el robo y cómo se regula en el Código Penal?

El robo, regulado en los artículos 237 a 242 del Código Penal español, se diferencia del hurto en que requiere el uso de fuerza o violencia para la apropiación indebida de bienes ajenos. Existen distintos tipos de robo, cada uno con sus características y consecuencias legales.

Robo con fuerza en las cosas

El artículo 238 del Código Penal establece que hay robo con fuerza cuando el infractor emplea mecanismos para vulnerar la seguridad de un bien inmueble o mueble y así sustraerlo. Las formas más comunes de fuerza incluyen:

  • Escalamiento, como trepar muros o entrar a través de balcones.
  • Rotura de puertas, ventanas o cerraduras para acceder a la propiedad.
  • Uso de llaves falsas o ganzúas para abrir accesos restringidos.
  • Inutilización de sistemas de alarma o seguridad.

El robo con fuerza tiene una pena de prisión de uno a tres años, pudiendo agravarse si se comete en lugares habitados, establecimientos públicos o bienes de especial valor.

Robo con violencia o intimidación

El artículo 242 del Código Penal castiga con mayor severidad el robo con violencia o intimidación, es decir, cuando el infractor emplea agresión física o amenazas para obligar a la víctima a entregar un bien. Esta modalidad puede darse tanto en la vía pública como en domicilios o negocios.

Las penas para este tipo de robo oscilan entre dos y cinco años de prisión, aunque pueden agravarse si:

  • Se utilizan armas u objetos peligrosos.
  • Se comete el delito en grupo o de manera organizada.
  • La víctima es especialmente vulnerable (menores, personas con discapacidad, ancianos).

Cuando el uso de violencia causa lesiones graves a la víctima, el robo se considera un delito más grave, pudiendo alcanzar penas de hasta quince años en casos extremos.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido acusado de robo?

Si has sido acusado de robo con fuerza o con violencia, necesitas un abogado penalista que analice la acusación en profundidad y determine si existen pruebas suficientes para sostener la imputación. En Lawfidence, revisamos cada detalle del caso para comprobar si realmente se cumplen los elementos del delito o si existe una acusación errónea o sin base legal.

En muchos casos, la defensa puede basarse en demostrar la ausencia de fuerza o violencia, la falta de pruebas concluyentes o la existencia de atenuantes que puedan reducir la pena, como el pago voluntario del daño causado, el arrepentimiento o la ausencia de antecedentes penales.

Además, si el procedimiento avanza, nuestro equipo trabaja para minimizar las consecuencias legales, buscando acuerdos que permitan evitar la prisión o reducir significativamente la condena.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido víctima de un robo?

Si has sido víctima de un robo, es fundamental actuar rápidamente para identificar al responsable y recuperar los bienes sustraídos. En Lawfidence, nos encargamos de denunciar el delito ante las autoridades, recopilando pruebas y asegurándonos de que el procedimiento penal avance de manera efectiva.

Te representamos durante toda la fase judicial, exigiendo la restitución de los bienes robados o una indemnización económica en caso de que la recuperación no sea posible. También gestionamos la solicitud de medidas cautelares, como embargos sobre los bienes del acusado, para garantizar que el perjuicio económico sea compensado.

En situaciones donde el robo ha sido cometido con violencia o intimidación, trabajamos para que la justicia imponga las penas más severas a los responsables, asegurándonos de que no queden impunes y de que la víctima reciba la máxima protección legal.

En nuestro despacho, sabemos que los casos de robo pueden ser emocionalmente difíciles y jurídicamente complejos, tanto para los acusados como para las víctimas. Por eso, ofrecemos un servicio basado en estrategias de defensa sólidas y en la máxima protección para quienes han sufrido este delito.

Si te enfrentas a una acusación por robo o has sido víctima de este delito, contacta con Lawfidence hoy mismo y protege tus derechos con el respaldo de abogados penalistas especializados.

El delito de hurto es una de las infracciones patrimoniales más comunes en el ámbito penal y, aunque pueda parecer menos grave que el robo, puede conllevar importantes consecuencias legales. En Lawfidence, nuestro equipo de abogados penalistas especializados ofrece asesoramiento y representación tanto para quienes han sido acusados de hurto como para quienes han sido víctimas y desean presentar una denuncia.

¿Qué es el hurto y cómo se regula en el Código Penal?

El hurto, regulado en el artículo 234 del Código Penal español, consiste en la sustracción de bienes ajenos sin el uso de violencia, intimidación o fuerza en las cosas. La principal diferencia con el robo radica en que el hurto se comete sin emplear mecanismos de agresión o acceso ilícito.

Las penas para este delito dependen del valor de lo sustraído y de la existencia de agravantes. Si el valor del bien robado supera los 400 euros, se castiga con prisión de seis a dieciocho meses. Si no supera esta cantidad, se considera hurto leve y se sanciona con multa de uno a tres meses.

Además, existen formas agravadas de hurto en casos como:

  • Cuando se sustraen bienes de especial valor o necesidad, como medicamentos o herramientas de trabajo.
  • Si el delito se comete en viviendas habitadas o en establecimientos abiertos al público.
  • Cuando el autor es reincidente, habiendo cometido previamente hurtos similares.

En estas situaciones, la pena de prisión puede aumentar hasta tres años, dependiendo de las circunstancias del caso.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido acusado de hurto?

Si has sido acusado de hurto, es fundamental contar con un abogado penalista que analice el caso en detalle para determinar si realmente se cumplen los elementos del delito y si existen pruebas suficientes en tu contra. En Lawfidence, nos encargamos de revisar las pruebas aportadas, evaluar si el procedimiento ha respetado tus derechos y diseñar una estrategia de defensa eficaz.

En algunos casos, es posible demostrar que la sustracción del bien se realizó sin intención de apropiación definitiva, lo que podría excluir la responsabilidad penal. También pueden existir circunstancias atenuantes, como la reparación del daño o la inexistencia de antecedentes penales, lo que podría llevar a una reducción de la pena o la sustitución de la condena por una sanción menos grave.

Si el procedimiento avanza, nuestro equipo trabajará para minimizar las consecuencias legales, buscando acuerdos con la parte perjudicada o explorando la posibilidad de que el caso se resuelva sin una condena penal.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido víctima de un hurto?

Si has sido víctima de un hurto, es esencial actuar con rapidez para identificar al responsable y recuperar los bienes sustraídos. En Lawfidence, ofrecemos asistencia legal en todas las fases del procedimiento, desde la presentación de la denuncia hasta la obtención de una sentencia condenatoria contra el infractor.

Nuestro equipo recopilará pruebas fundamentales, como grabaciones de seguridad, testimonios y documentos que acrediten el valor de los bienes hurtados, asegurándonos de que la denuncia tenga la mayor solidez posible. También nos encargamos de gestionar reclamaciones de indemnización, para que la víctima reciba una compensación económica en caso de que los bienes no puedan ser recuperados.

Si el hurto se ha producido en un negocio, establecimiento o empresa, podemos coordinar la presentación de una querella y exigir sanciones más severas contra el responsable, especialmente si se trata de un caso de hurtos reiterados o planificados.

El delito de corrupción entre particulares es una infracción penal que afecta la transparencia y la equidad en las relaciones empresariales y comerciales. A diferencia de la corrupción en el ámbito público, este delito se produce en el sector privado, cuando un directivo, empleado o intermediario recibe, solicita u ofrece beneficios indebidos para favorecer de manera desleal a una persona o empresa en el desarrollo de actividades económicas.

En Lawfidence, contamos con un equipo de abogados penalistas especializados en la defensa y acusación en casos de corrupción entre particulares, ofreciendo una representación legal eficaz tanto para quienes han sido acusados de este delito como para quienes han sido víctimas y desean denunciar un acto corrupto en su empresa o sector.

¿Qué es la corrupción entre particulares y cómo se regula en el Código Penal?

El artículo 286 bis del Código Penal establece que incurre en el delito de corrupción en el sector privado quien, directa o indirectamente, ofrezca, prometa, conceda, solicite o acepte un beneficio o ventaja indebida, con el objetivo de que una persona en el ámbito empresarial favorezca o perjudique a otra en la contratación de bienes o servicios.

Este delito tiene como objetivo proteger la libre competencia y la transparencia en las relaciones comerciales, evitando que decisiones estratégicas dentro de una empresa se vean influidas por sobornos o incentivos ilegales.

Las penas previstas en el Código Penal pueden incluir:

  • Prisión de seis meses a cuatro años y multa del tanto al triple del valor del beneficio obtenido.
  • Inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad empresarial o profesional por un período de hasta seis años.
  • Para las empresas o personas jurídicas involucradas, se prevén sanciones que pueden incluir multas elevadas, disolución de la sociedad y prohibición de recibir ayudas públicas.

El delito puede darse en diferentes formas, como la adjudicación de contratos mediante sobornos encubiertos, la concesión de beneficios indebidos a proveedores a cambio de favores económicos personales, o la manipulación de procesos internos para beneficiar a ciertos actores del mercado.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido acusado de corrupción entre particulares?

Si has sido acusado de corrupción en el sector privado, es fundamental contar con un abogado penalista que analice en profundidad las pruebas presentadas y determine si realmente existen elementos suficientes para sostener la acusación. En Lawfidence, realizamos una revisión detallada de documentos, contratos, comunicaciones y cualquier otro indicio que pueda demostrar la falta de intencionalidad o la inexistencia del beneficio indebido.

Muchos casos de corrupción entre particulares pueden surgir de malentendidos, acusaciones infundadas o disputas empresariales, donde no hay pruebas concluyentes de la existencia de sobornos o favores ilícitos. Nuestro equipo diseñará una estrategia de defensa orientada a desmontar la acusación, demostrar la legalidad de las operaciones y, en caso necesario, negociar acuerdos que minimicen las consecuencias penales.

Si se demuestra que no hubo dolo ni intención fraudulenta, es posible solicitar la absolución o una reducción significativa de las sanciones. Además, en ciertos casos, se puede alegar la existencia de errores en la valoración de la prueba, falta de claridad en la normativa aplicada o la existencia de prácticas empresariales que, aunque cuestionables, no constituyen delito.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido víctima de corrupción en el sector privado?

Si has sido víctima de un acto de corrupción entre particulares, es esencial actuar con rapidez para evitar daños en la actividad económica de tu empresa y garantizar que los responsables sean procesados. En Lawfidence, ofrecemos asesoramiento integral en la presentación de denuncias o querellas, asegurándonos de que el caso cuente con pruebas sólidas que permitan la identificación y sanción de los responsables.

Nos encargamos de recopilar documentación financiera, comunicaciones, contratos y registros contables, con el fin de demostrar que ha existido un acto de corrupción que ha perjudicado la libre competencia y ha favorecido a determinados actores del mercado de manera ilegal.

Si la corrupción ha afectado la adjudicación de contratos, las decisiones estratégicas de la empresa o la relación con proveedores y clientes, te representamos en todas las instancias judiciales para exigir responsabilidad penal y económica contra los implicados.

En casos en los que una empresa ha sufrido daños económicos significativos debido a un esquema de corrupción interna o externa, también gestionamos la presentación de reclamaciones civiles para exigir indemnización por los perjuicios sufridos.

El delito de blanqueo de capitales es una de las infracciones económicas más graves dentro del derecho penal, ya que implica la transformación de bienes o dinero obtenidos ilícitamente en activos de apariencia legal. Este delito está estrechamente vinculado a otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas, la corrupción, el fraude fiscal y la delincuencia organizada.

En Lawfidence, contamos con un equipo de abogados penalistas especializados en la defensa y acusación en casos de blanqueo de capitales, brindando representación legal tanto a quienes han sido acusados de este delito como a quienes han sido víctimas de operaciones fraudulentas y desean presentar una denuncia.

¿Qué es el blanqueo de capitales y cómo se regula en el Código Penal?

El blanqueo de capitales, regulado en los artículos 298 a 304 del Código Penal, consiste en la adquisición, conversión, transmisión o posesión de bienes que proceden de un delito, con el objetivo de ocultar su origen ilícito o ayudar a terceros a eludir las consecuencias legales de su actividad delictiva.

Este delito se puede cometer de distintas formas, incluyendo:

  • Conversión de dinero en bienes (compra de inmuebles, vehículos o empresas con fondos ilícitos).
  • Transferencias bancarias fraudulentas para ocultar el origen del dinero.
  • Uso de testaferros o sociedades pantalla para dificultar la trazabilidad del capital.
  • Ingreso de fondos ilícitos en circuitos financieros legales, como inversiones o cuentas en paraísos fiscales.

Las penas para este delito pueden ser muy severas, incluyendo:

  • Prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triple del valor de los bienes blanqueados.
  • Inhabilitación especial para el ejercicio de actividades financieras o empresariales.
  • Sanciones adicionales en caso de que el blanqueo esté vinculado a delitos de corrupción, tráfico de drogas o delincuencia organizada.

Además, se sanciona el auto-blanqueo, es decir, cuando la persona que ha cometido un delito posteriormente blanquea el dinero obtenido de dicha actividad ilegal.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido acusado de blanqueo de capitales?

Si has sido acusado de blanqueo de capitales, necesitas un abogado penalista especializado que analice las pruebas y transacciones investigadas para determinar si realmente se cumplen los elementos del delito. En Lawfidence, llevamos a cabo una defensa basada en el examen exhaustivo de la trazabilidad financiera, la evaluación de la legalidad de los fondos y la identificación de errores o vulneraciones de derechos en la investigación.

Muchas veces, las acusaciones de blanqueo pueden derivar de operaciones comerciales legítimas que han sido malinterpretadas o de una falta de conocimiento sobre el origen ilícito de los fondos. Nuestro equipo trabajará en demostrar la ausencia de dolo, la falta de pruebas concluyentes o la existencia de causas que excluyan la responsabilidad penal.

Si el caso avanza, exploramos todas las vías para minimizar las consecuencias legales, incluyendo la negociación con la fiscalía y la presentación de recursos y alegaciones para evitar sanciones desproporcionadas.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido víctima de blanqueo de capitales?

Si has sido víctima de una operación de blanqueo de capitales, es fundamental contar con asesoramiento legal para evitar que tu patrimonio o negocio se vean afectados por actividades ilícitas. En Lawfidence, te ayudamos a presentar denuncias o querellas, recopilando pruebas que permitan identificar a los responsables y evitar posibles implicaciones legales.

Nuestro equipo analiza documentación financiera, transacciones bancarias y operaciones comerciales, detectando posibles irregularidades que indiquen que tu empresa o cuentas han sido utilizadas para actividades ilícitas sin tu consentimiento.

Si has sido perjudicado económicamente por una operación de blanqueo de capitales, te representamos en procedimientos judiciales para reclamar la restitución de bienes o compensaciones económicas, asegurando que los responsables sean sancionados.

Los delitos societarios afectan la legalidad y transparencia en la gestión de empresas y sociedades mercantiles, sancionando conductas que perjudiquen a socios, accionistas, administradores o terceros. En Lawfidence, contamos con un equipo de abogados penalistas especializados en la defensa y acusación en este tipo de delitos, proporcionando representación legal tanto a quienes han sido acusados de delitos societarios como a quienes han sido víctimas de actuaciones ilícitas dentro de una empresa.

¿Qué son los delitos societarios y cómo se regulan en el Código Penal?

Los delitos societarios, regulados en los artículos 290 a 297 del Código Penal español, engloban diversas infracciones cometidas en el ámbito empresarial y mercantil que afectan la transparencia, la gestión y el control de las sociedades.

Algunas de las conductas que pueden constituir un delito societario incluyen:

  • Falsificación de cuentas o documentos societarios (artículo 290): cuando los administradores falsean cuentas anuales u otros documentos esenciales para ocultar la realidad económica de la empresa y causar un perjuicio a socios o terceros.
  • Imposición de acuerdos abusivos (artículo 291): cuando los administradores o mayoritarios imponen acuerdos lesivos para otros socios, sin justificación legítima.
  • Denegación de derechos a los socios (artículo 292): cuando se impide indebidamente a un socio ejercer sus derechos de información, participación o control en la sociedad.
  • Administración desleal en el ámbito societario (artículo 295): cuando un administrador gestiona fraudulentamente el patrimonio de la empresa, causando un daño económico grave.
  • Obstaculización de la supervisión administrativa o judicial (artículo 294): cuando se impide o dificulta la supervisión legal de la actividad empresarial por parte de las autoridades.

Las penas por estos delitos pueden incluir prisión de seis meses a seis años, multas económicas y, en algunos casos, inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales o para la administración de sociedades.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido acusado de un delito societario?

Si has sido acusado de cometer un delito societario, es fundamental contar con un abogado penalista especializado en derecho mercantil y penal económico que analice las pruebas y los documentos contables o societarios para evaluar la validez de la acusación. En Lawfidence, trabajamos en la defensa de administradores, directivos y socios frente a denuncias por supuestas irregularidades en la gestión de sociedades.

Muchos casos de delitos societarios derivan de disputas empresariales internas, errores en la gestión administrativa o malentendidos sobre la aplicación de normativas contables. Nuestro equipo evaluará si realmente se ha cometido un delito o si se trata de una interpretación errónea de las decisiones empresariales.

Si existen elementos de defensa, trabajamos para desmontar la acusación, demostrando que las acciones fueron legítimas y dentro del marco normativo. En caso de que la responsabilidad penal pueda ser acreditada, buscamos alternativas procesales, acuerdos o estrategias de minimización de la pena.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido víctima de un delito societario?

Si has sido víctima de una actuación irregular dentro de una sociedad, como falsificación de cuentas, imposición de acuerdos abusivos o administración desleal, es crucial actuar con rapidez para evitar mayores perjuicios. En Lawfidence, ofrecemos un servicio especializado en la denuncia y persecución de delitos societarios, ayudando a socios, accionistas y administradores a proteger sus derechos y recuperar el control de la empresa.

Nos encargamos de recopilar pruebas documentales, analizar la contabilidad de la sociedad y preparar la estrategia legal para llevar el caso ante los tribunales. Además, te representamos en procedimientos judiciales para reclamar compensaciones económicas, exigir la nulidad de acuerdos abusivos o solicitar la inhabilitación de administradores negligentes o fraudulentos.

Si el daño ha afectado gravemente a la sociedad, podemos solicitar medidas cautelares, como la suspensión de acuerdos societarios, el embargo de bienes o la intervención judicial de la empresa para evitar mayores perjuicios.

El delito de insolvencia punible es una infracción económica que sanciona aquellas conductas en las que una persona, ya sea empresario, administrador o particular, oculta, disfraza o disminuye fraudulentamente su patrimonio para evitar el pago de deudas o perjudicar a sus acreedores.

En Lawfidence, contamos con un equipo de abogados penalistas especializados en la defensa y acusación en casos de insolvencia punible, proporcionando asistencia legal tanto a quienes han sido acusados de este delito como a quienes han sido víctimas de una maniobra fraudulenta y necesitan recuperar su crédito.

¿Qué es la insolvencia punible y cómo se regula en el Código Penal?

El delito de insolvencia punible, regulado en los artículos 259 a 261 bis del Código Penal español, sanciona a quienes, en una situación de insolvencia real o simulada, realizan actos que perjudican a sus acreedores, ya sea en el marco de un concurso de acreedores o en cualquier otro contexto en el que haya una deuda pendiente de pago.

Las conductas típicas que pueden constituir este delito incluyen:

  • Ocultación de bienes o patrimonio para evitar que los acreedores puedan cobrarse.
  • Realización de operaciones fraudulentas que disminuyan la capacidad económica del deudor de forma artificial.
  • Generación intencionada de deudas o retraso en el pago para provocar una situación de insolvencia ficticia.
  • Favorecimiento indebido de ciertos acreedores en perjuicio de los demás (alzamiento de bienes encubierto).
  • Falseamiento de la contabilidad de la empresa para ocultar la situación financiera real.

Las penas para este delito pueden variar en función de la gravedad de la conducta y del perjuicio causado, y pueden incluir:

  • Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
  • Inhabilitación especial para administrar bienes ajenos o ejercer actividad empresarial por un período de tres a diez años.

Si la insolvencia afecta a una empresa en concurso de acreedores, el administrador o responsable de la sociedad puede enfrentarse a responsabilidad penal y civil, incluyendo la obligación de responder con su propio patrimonio ante las deudas impagadas.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido acusado de insolvencia punible?

Si has sido acusado de insolvencia punible, es fundamental contar con un abogado penalista especializado en derecho concursal y penal económico, que pueda analizar la situación financiera de la empresa o del particular para determinar si realmente se han cometido actos fraudulentos.

En Lawfidence, evaluamos la documentación contable, los movimientos financieros y las decisiones empresariales adoptadas antes de la declaración de insolvencia, con el fin de demostrar si el acusado actuó conforme a la legalidad y si la insolvencia fue real y no simulada.

En muchos casos, las acusaciones por insolvencia punible surgen de malentendidos contables, errores en la gestión o crisis económicas imprevistas que no tienen una intención fraudulenta. Nuestro equipo se encargará de demostrar la ausencia de dolo, la inexistencia de un perjuicio real a los acreedores o la concurrencia de circunstancias que excluyan la responsabilidad penal.

Si el procedimiento judicial avanza, trabajamos en la búsqueda de acuerdos con los acreedores, la reparación del daño económico o la aplicación de atenuantes para minimizar las consecuencias legales y evitar sanciones desproporcionadas.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido víctima de una insolvencia punible?

Si has sido víctima de una maniobra fraudulenta por parte de un deudor, es fundamental actuar con rapidez para evitar que la insolvencia perjudique tu derecho a cobrar lo que te corresponde. En Lawfidence, ofrecemos asistencia legal para interponer denuncias y querellas por insolvencia punible, asegurándonos de que el responsable no pueda ocultar activos ni eludir sus obligaciones de pago.

Nuestro equipo se encargará de:

  • Analizar la contabilidad y movimientos financieros del deudor para detectar operaciones sospechosas.
  • Solicitar medidas cautelares como embargos preventivos para evitar la disposición de bienes.
  • Impulsar la declaración de concurso culpable, lo que permitiría extender la responsabilidad a administradores o socios.
  • Reclamar indemnizaciones y exigir la restitución del patrimonio afectado.

Si la insolvencia ha sido utilizada como una estrategia fraudulenta para evitar el pago de una deuda, podemos gestionar la responsabilidad penal del deudor, asegurándonos de que el perjuicio económico sufrido tenga consecuencias legales para el responsable.

El fraude es un delito económico que abarca una variedad de conductas ilícitas en las que una persona obtiene un beneficio indebido mediante engaño o abuso de confianza, causando un perjuicio patrimonial a terceros. Este delito puede presentarse en diversos ámbitos, como el empresarial, fiscal, financiero o contractual.

En Lawfidence, contamos con un equipo de abogados penalistas especializados en la defensa y acusación en casos de fraude, ofreciendo asesoramiento legal tanto a quienes han sido acusados de cometer fraude como a quienes han sido víctimas y desean presentar una denuncia para recuperar su dinero o bienes.

¿Qué es el fraude y cómo se regula en el Código Penal?

El fraude, en sus distintas modalidades, está regulado en el Título XIII del Código Penal español, que sanciona las conductas fraudulentas que causen un daño patrimonial a otra persona, entidad o administración pública.

Existen diferentes tipos de fraude penalmente relevantes, entre los que se encuentran:

  • Fraude en la contratación pública (artículo 308): Se produce cuando una persona manipula procesos de licitación o contratación con la Administración para obtener ventajas ilícitas.
  • Fraude en subvenciones y ayudas públicas (artículo 306): Consiste en obtener beneficios económicos de organismos públicos mediante falsificación de datos o incumplimiento de los requisitos establecidos.
  • Fraude fiscal (artículo 305): Ocurre cuando una persona o empresa elude el pago de impuestos de forma intencionada, superando los umbrales establecidos por la ley.
  • Fraude de inversores y productos financieros: Se refiere a esquemas piramidales, manipulaciones bursátiles y otros engaños en el ámbito de las inversiones.
  • Fraude contractual y en seguros: Implica el incumplimiento intencionado de contratos para obtener ventajas económicas o reclamar indemnizaciones fraudulentas.

Las penas por fraude varían según la modalidad y la gravedad del perjuicio causado. En los casos más leves, pueden implicar multas y sanciones económicas, mientras que en los fraudes de mayor escala, las penas pueden alcanzar prisión de seis meses a seis años, además de inhabilitaciones para el ejercicio profesional y la devolución de lo defraudado.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido acusado de fraude?

Si has sido acusado de fraude, es esencial contar con un abogado penalista que analice si realmente se han cumplido los elementos del delito y si existen pruebas suficientes en tu contra. En Lawfidence, revisamos la documentación contractual, las transacciones económicas y la legalidad de las operaciones para demostrar si la acusación carece de fundamento o si se trata de un error de interpretación.

Muchos casos de fraude derivan de malentendidos en la ejecución de contratos, discrepancias contables o disputas comerciales, que no necesariamente constituyen un delito penal. Nuestro equipo trabaja para desmontar la acusación, demostrar la ausencia de dolo y, si es necesario, explorar soluciones extrajudiciales que permitan evitar sanciones penales.

En caso de que el procedimiento judicial continúe, buscamos minimizar las consecuencias legales mediante negociaciones con la fiscalía, reducción de penas o acuerdos de reparación del daño, lo que puede evitar el ingreso en prisión y limitar el impacto económico de la condena.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido víctima de un fraude?

Si has sido víctima de un fraude, es fundamental actuar con rapidez para recuperar tu dinero y asegurarte de que el responsable sea juzgado. En Lawfidence, ofrecemos asesoramiento integral en la presentación de denuncias o querellas, recopilando pruebas clave para demostrar el engaño y el perjuicio económico sufrido.

Nos encargamos de analizar contratos, transferencias bancarias, documentos contables y cualquier otra prueba relevante, asegurándonos de que el caso tenga la mayor solidez posible ante los tribunales. Además, te representamos en procedimientos judiciales para reclamar la restitución de los bienes defraudados o una compensación económica.

En los casos más complejos, como los fraudes financieros o fiscales, trabajamos en colaboración con peritos económicos y expertos en auditoría forense para rastrear las operaciones fraudulentas y demostrar la responsabilidad del acusado. También podemos solicitar medidas cautelares, como el embargo de bienes, para evitar que el responsable se deshaga de su patrimonio antes de la resolución del caso.

El alzamiento de bienes es un delito patrimonial que se comete cuando una persona oculta, disfraza o se deshace de su patrimonio con el objetivo de evitar el pago de deudas o impedir que sus acreedores puedan hacer valer sus derechos. Se trata de una conducta fraudulenta que afecta la seguridad jurídica y la confianza en las relaciones económicas y comerciales.

En Lawfidence, contamos con un equipo de abogados penalistas especializados en la defensa y acusación en casos de alzamiento de bienes, ofreciendo asesoramiento legal tanto a quienes han sido acusados de este delito como a quienes han sido víctimas de una maniobra fraudulenta y desean recuperar su crédito.

¿Qué es el alzamiento de bienes y cómo se regula en el Código Penal?

El alzamiento de bienes, regulado en el artículo 257 del Código Penal español, sanciona a quienes, con la intención de eludir el pago de sus obligaciones, realicen actos que dificulten o imposibiliten que sus acreedores puedan embargar o ejecutar sus bienes.

Este delito se puede cometer de diversas formas, entre ellas:

  • Donaciones o transferencias de bienes a familiares o terceros para aparentar insolvencia.
  • Venta ficticia o simulada de propiedades o activos con el fin de desviar el patrimonio.
  • Disolución de sociedades o cambio de titularidad de negocios para evitar responsabilidades económicas.
  • Retiro de grandes sumas de dinero o traspasos bancarios sin justificación antes de un embargo o reclamación judicial.

Las penas para este delito pueden variar en función de la gravedad del perjuicio causado y de la existencia de agravantes. En su forma básica, el alzamiento de bienes se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Sin embargo, si el delito afecta a una gran cantidad de acreedores o si se ha cometido en el marco de un procedimiento concursal, las penas pueden agravarse hasta seis años de prisión.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido acusado de alzamiento de bienes?

Si has sido acusado de alzamiento de bienes, es fundamental contar con un abogado penalista especializado que analice las pruebas y las operaciones financieras investigadas para determinar si realmente se cumplen los elementos del delito. En Lawfidence, llevamos a cabo una defensa basada en el análisis contable y financiero, demostrando si las transacciones realizadas fueron legítimas y sin intención de fraude.

Muchas veces, las acusaciones de alzamiento de bienes pueden derivar de decisiones empresariales legítimas, reorganización patrimonial o crisis económicas que no constituyen delito. Nuestro equipo trabajará para demostrar la ausencia de dolo, la inexistencia de perjuicio a los acreedores o la falta de pruebas suficientes para sostener la acusación.

Si el procedimiento judicial avanza, exploramos todas las vías para minimizar las consecuencias legales, incluyendo la negociación con los acreedores y la presentación de recursos y alegaciones para evitar sanciones desproporcionadas.

¿Cómo podemos ayudarte si has sido víctima de un alzamiento de bienes?

Si eres acreedor y te has visto perjudicado por un deudor que ha llevado a cabo maniobras fraudulentas para evitar el pago de sus obligaciones, es fundamental actuar con rapidez para evitar que los bienes sean disfrazados, ocultados o transferidos a terceros. En Lawfidence, ofrecemos asesoramiento legal para interponer denuncias y querellas por alzamiento de bienes, asegurándonos de que el responsable no pueda evadir sus responsabilidades económicas.

Nuestro equipo se encargará de:

  • Analizar la contabilidad y movimientos financieros del deudor para detectar operaciones sospechosas.
  • Solicitar medidas cautelares como embargos preventivos para evitar la disposición de bienes.
  • Impulsar la declaración de concurso culpable, lo que permitiría extender la responsabilidad a administradores o socios de empresas involucradas.
  • Reclamar indemnizaciones y exigir la restitución del patrimonio afectado.

Si la ocultación de bienes ha afectado a múltiples acreedores, trabajamos para garantizar que la justicia imponga las sanciones más severas al responsable, evitando que el fraude quede impune.

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